jungdae jaehae cheobeolbeop (중대재해처벌법)
Es la ley que permite castigar a quienes dirigen una empresa, no solo al jefe de obra, cuando alguien muere en el trabajo. Entró en vigor en 2022 y desde entonces no se ha dejado de discutir si sirve o si es demasiado.
Su nombre oficial es Ley de Castigo de Accidentes Graves (Serious Accidents Punishment Act). El detonante fue la muerte de un trabajador subcontratado en una planta eléctrica: tras el accidente en la termoeléctrica de Taean, los sindicatos presionaron fuerte y la madre del joven fallecido, Kim Yong-gyun, anunció una huelga de hambre hasta que se aprobara la ley. Su origen es un proyecto de 2017 del diputado Roh Hoe-chan que no prosperó; el Partido de la Justicia lo revivió como su primer proyecto en la 21.ª Asamblea Nacional. Se aprobó en enero de 2021 y rige desde el 27 de enero de 2022. Los lugares de trabajo con menos de 50 personas tuvieron tres años de gracia, y los de menos de cinco quedaron fuera por completo. Como ley nacida del enojo popular, tiene algo en común con la Ley Dogani.
Lo clave es a quién se castiga. Antes, un accidente laboral solía quedarse en el capataz. Ahora, si quien realmente dirige la empresa, como el director general, no cumple deberes de gestión como personal y presupuesto de seguridad y muere un trabajador, puede recibir al menos un año de prisión o una multa de hasta mil millones de wones. A la empresa se le puede multar con hasta cinco mil millones y aplicar daños punitivos de hasta cinco veces la pérdida. También cubre desastres en espacios públicos como puentes, metro o barcos de pasajeros, y los funcionarios no se salvan.
El primer caso investigado llegó a los dos días: un derrumbe en una cantera de Yangju, en Gyeonggi, que sepultó a tres trabajadores. La primera condena de cárcel efectiva fue en abril de 2023, por la muerte de un trabajador subcontratado aplastado por una placa de acero que cayó de una grúa. El director recibió un año, lo detuvieron en la misma sala y la Corte Suprema confirmó la sentencia.
Las críticas llegan de los dos lados. El sector empresarial dice que no queda claro qué hay que hacer para cumplir y que, en la práctica, se castiga el resultado. También se ha señalado que puede pesar más que un accidente mortal por manejar borracho. La brecha entre grandes empresas y pymes y la carga para los pequeños negocios propios salen una y otra vez. Los sindicatos, en cambio, dicen que casi nadie termina en prisión y que es pura palmadita en la mano.